El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó este lunes al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, a cadena perpetua por una serie de delitos graves, entre ellos espionaje, cohecho, sustracción de documentos oficiales y «traición a la patria». Gil, quien hasta hace menos de dos años era un estrecho colaborador del presidente Miguel Díaz-Canel y uno de los funcionarios más visibles del gobierno cubano, fue destituido de manera repentina en febrero de 2024, marcando el inicio de un proceso judicial que ha culminado con una de las sentencias más severas en décadas contra un alto funcionario en la isla.
El ascenso y la caída de Alejandro Gil
Gil ocupaba un puesto clave en el gobierno cubano desde 2018, cuando fue nombrado ministro de Economía y Planificación durante el primer mandato de Díaz-Canel. Su rol fue fundamental en la implementación de la Tarea Ordenamiento, una reforma monetaria diseñada para eliminar el sistema de doble moneda en Cuba, que terminó siendo un fracaso económico y aceleró la dolarización informal en la isla. Además, fue el encargado de aplicar medidas de ajuste impopulares, como el aumento de hasta un 400% en los precios de los combustibles, lo que generó un profundo descontento social.
Sin embargo, su caída en desgracia comenzó en febrero de 2024, cuando fue destituido de manera inesperada. En ese momento, Díaz-Canel le dedicó un mensaje en redes sociales con un «abrazo agradecido», lo que generó especulaciones sobre las razones de su salida. Un mes después, el presidente cubano reveló que Gil estaba siendo investigado por «graves errores», y aseguró que «ni el Partido Comunista de Cuba (PCC) ni el Gobierno permitirían la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad».
Los cargos y el juicio
El Tribunal Supremo Popular detalló en su sentencia que Gil fue declarado culpable de múltiples delitos, incluyendo:
- Espionaje: Por poner información clasificada a disposición de «servicios del enemigo».
- Cohecho y tráfico de influencias: Para cometer falsificación de documentos públicos y evasión fiscal.
- Sustracción y daño de documentos oficiales: Incluyendo la violación de sellos y normas de protección de información clasificada.
Gil fue juzgado en dos procesos separados:
- El primero, celebrado entre el 11 y 13 de noviembre de 2025, donde se le acusó de espionaje y otros delitos relacionados con la seguridad nacional.
- El segundo, entre el 26 y 29 de noviembre, por cohecho, tráfico de influencias y evasión fiscal, por el que recibió una condena adicional de 20 años de prisión.
El tribunal argumentó que Gil «engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba», generando daños económicos y comprometiendo la seguridad nacional. Según la sentencia, sus acciones constituyen «la traición a la patria, el más grave de los crímenes», lo que justifica la pena máxima.
Reacciones y consecuencias
La condena a Gil envía un mensaje claro desde el gobierno cubano: la corrupción y el espionaje no serán tolerados, especialmente en un contexto de crisis económica y política. Este caso es el más grave de su tipo en décadas y refleja la lucha interna del régimen por mantener el control en medio de una profunda crisis económica, donde la escasez de alimentos, medicinas y combustibles ha generado un creciente descontento social.
Gil tiene un plazo de 10 días para apelar la sentencia, pero dado el carácter político del caso y la severidad de las acusaciones, es poco probable que la condena sea revocada. Su caída no solo marca un hito en la historia reciente de Cuba, sino que también expone las tensiones internas dentro del gobierno y los desafíos que enfrenta el régimen para mantener la estabilidad en un país azotado por la crisis.
