El alcalde de Nueva York, Eric Adams, enfrenta uno de los mayores desafíos legales y políticos de su gestión tras la decisión de un tribunal estatal de anular su orden ejecutiva para reabrir una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Rikers Island. La jueza a cargo del caso declaró la orden «nula e inválida», argumentando que estaba contaminada por un conflicto de intereses vinculado a las acusaciones de corrupción en contra del alcalde y a presuntos acuerdos con la administración federal. Esta decisión no solo bloquea el regreso de ICE al complejo carcelario, sino que también prohíbe cualquier intento futuro de Adams para establecer acuerdos similares con la agencia.
El fallo judicial surge tras una demanda presentada por el Concejo Municipal de Nueva York, que acusó a Adams de negociar con el gobierno federal para que se desestimaran los cargos de corrupción en su contra a cambio de permitir el regreso de ICE a Rikers. La jueza respaldó este argumento, señalando que la apariencia de un «quid pro quo» invalidaba la orden ejecutiva. Según el tribunal, la falta de recusación del alcalde y la percepción de un conflicto de intereses contaminaron por completo el proceso de emisión de la orden.
Adams había defendido su decisión como una medida necesaria para combatir el crimen violento y las pandillas transnacionales, argumentando que la presencia de ICE en Rikers se limitaría a investigaciones criminales y no a operaciones migratorias. Sin embargo, críticos y defensores de los derechos civiles denunciaron que la medida era un intento de revivir las políticas de deportación masiva que operaron en Rikers hasta 2014, cuando una ley de santuario las prohibió.
El primer vicealcalde de Nueva York, en nombre de la administración Adams, rechazó el fallo y anunció que apelarán la decisión. «Avanzaremos cuando apelemos. La jueza no cuestiona que el contenido de nuestra orden ejecutiva cumpla plenamente con la legislación local», declaró, insistiendo en que la colaboración con ICE era necesaria para garantizar la seguridad pública.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de tensiones políticas y legales para Adams. En 2024, el alcalde fue indictado por cargos de corrupción, pero el Departamento de Justicia desestimó los cargos en 2025, una decisión que generó sospechas de un acuerdo político. La jueza mencionó explícitamente este antecedente en su fallo, señalando que la percepción de un trato con la administración federal invalidaba la orden ejecutiva.
Además, Adams enfrenta un complicado panorama electoral. Tras perder la primaria demócrata frente a un joven candidato socialista, el alcalde se presenta como independiente en las elecciones de noviembre. Sin embargo, su popularidad ha caído drásticamente, y encuestas recientes lo ubican con menos del 10% de intención de voto, muy por detrás de sus principales rivales. Rumores sobre posibles ofertas de trabajo en la administración federal a cambio de retirarse de la contienda han circulado en los últimos días, aunque Adams ha negado cualquier negociación formal.
El Concejo Municipal celebró el fallo como una victoria para los derechos civiles y las comunidades inmigrantes, que temían un regreso a las políticas de deportación masiva. Mientras tanto, el debate sobre el papel de ICE en Nueva York sigue siendo un tema divisivo, con Adams argumentando que la colaboración es necesaria para la seguridad pública, y sus opositores denunciando que viola el espíritu de santuario de la ciudad. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el futuro de Rikers Island —y del propio Adams— sigue siendo incierto.
