El presidente Luis Abinader firmó el reglamento de aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, que entró en vigencia más de 180 días después de su promulgación en julio de 2025. Esta normativa establece que funcionarios y legisladores no podrán tener ninguna participación —ni siquiera accionaria— en empresas que negocien con instituciones públicas. El objetivo es fortalecer la transparencia y eliminar conflictos de interés en el uso de los recursos del Estado.
Un cambio radical en las reglas Durante un acto en el Palacio Nacional, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la nueva ley devuelve el régimen de consecuencias que fue suprimido en 2006. Según Pimentel, la normativa prohíbe a funcionarios, ministros, senadores, diputados, alcaldes y regidores contratar con el Estado, independientemente de su participación accionaria en la empresa. En la legislación anterior, se permitía una participación de hasta 10% en empresas contratistas, lo que abría la puerta a posibles conflictos de interés.
Sanciones severas para violaciones La nueva ley establece sanciones administrativas y penales, incluyendo privación de libertad de 2 a 10 años para quienes violen estas disposiciones. Pimentel destacó que estas medidas buscan cerrar los espacios de abuso, improvisación y falta de controles que han afectado históricamente la gestión pública en República Dominicana.
Un Estado más transparente y eficiente El presidente Abinader enfatizó que el objetivo de esta reforma es que el Estado dominicano funcione con «normas claras y permanentes». «Este Gobierno ha apostado por algo fundamental: que las instituciones sean más fuertes que las personas, que las reglas sean más duraderas que los cargos, y que el interés general esté por encima de cualquier conveniencia particular», declaró Abinader. La nueva ley también refuerza la planificación, mejora la competencia y fortalece los controles, alineando al país con estándares internacionales de buena gobernanza.
Un paso hacia la modernización institucional El mandatario destacó que esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública, sino fortalecerla, haciendo al Estado más eficiente, previsible y confiable. El reglamento, contenido en el Decreto 52-26, consolida un modelo donde las decisiones dejan rastro, tienen responsables y pueden ser verificadas en cualquier momento. Abinader también reconoció el trabajo de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y los equipos técnicos que hicieron posible este nuevo marco normativo.
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