El gobierno de Nicolás Maduro encontró este domingo un nuevo aliado en su cruzada contra lo que considera una campaña de exclusión regional: Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes del chavismo, acusó al presidente dominicano Luis Abinader de haber recibido órdenes directas de Estados Unidos para vetar la participación de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas. Las declaraciones, realizadas en su programa televisivo, no solo escalaron el tono del conflicto diplomático, sino que también pusieron en entredicho la independencia de las decisiones de República Dominicana en materia de política exterior.
Cabello, quien ha sido sancionado por EE.UU. y es considerado una de las figuras más radicales del régimen venezolano, no aportó pruebas documentales para sustentar su afirmación. Sin embargo, su discurso se enmarca en una narrativa recurrente del chavismo, que ha denunciado sistemáticamente lo que llama «injerencia estadounidense» en los asuntos latinoamericanos. «Abinader no decide solo. Cuando Washington dice ‘salta’, él pregunta ‘¿cuánto?'», afirmó Cabello, utilizando un lenguaje que busca deslegitimar no solo al mandatario dominicano, sino también a cualquier gobierno que no se alinee con Caracas.
La acusación llega en un momento crítico para la Cumbre de las Américas, un evento que, desde su creación en 1994, ha sido escenario de tensiones entre el bloque progresista y los aliados de Washington. En la edición de 2022, celebrada en Los Ángeles, la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela generó un boicot masivo de varios mandatarios, incluyendo al mexicano Andrés Manuel López Obrador y al argentino Alberto Fernández (en ese entonces en el poder). Si la versión de Cabello es cierta, República Dominicana podría estar repitiendo el mismo guion, pero esta vez bajo el liderazgo de un país que, tradicionalmente, ha mantenido una postura más neutral en los conflictos regionales.
Hasta ahora, el gobierno dominicano no ha emitido una respuesta formal a las declaraciones de Cabello. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas señalaron que las decisiones sobre la participación en la cumbre se toman en consulta con los países anfitriones, en este caso, Canadá y Estados Unidos, quienes históricamente han condicionado la asistencia de naciones bajo sanciones o con gobiernos no reconocidos. Esto refuerza la percepción de que, más allá de las voluntades individuales, la cumbre sigue siendo un espacio donde priman los intereses geopolíticos sobre la unidad regional.
Lo que está en juego va más allá de la participación de Venezuela. Se trata de un conflicto de modelos: por un lado, la visión de una América Latina soberana e integrada, defendida por gobiernos como los de México y Bolivia; y por otro, la de una región alineada con las prioridades de Washington, donde la democracia y los derechos humanos se convierten en condicionantes para la participación. En este escenario, las acusaciones de Cabello no solo buscan presionar a Abinader, sino también movilizar a la opinión pública latinoamericana en contra de lo que perciben como una nueva forma de colonialismo. La pregunta que queda en el aire es si, esta vez, la región estará dispuesta a romper con el guion o si, una vez más, la Cumbre terminará siendo un reflejo de sus divisiones internas.
