El propietario de un apartamento en el Residencial Despradel de La Vega, Alejandro Santiago Sánchez Robles, presentó una demanda civil contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, exigiendo una indemnización de 50 millones de pesos por los daños y perjuicios causados durante la demolición de su vivienda. El abogado Domingo Reynoso fundamentó la acción legal en el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad patrimonial de los funcionarios por actos lesivos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
La orden que generó controversia De acuerdo con el abogado, la viceministra Ángela Jáquez atribuyó públicamente la orden de demolición a Faride Raful, lo que refuerza la responsabilidad directa de la funcionaria. Reynoso afirmó que la actuación del Ministerio no solo afectó a su representado, sino que vulneró el derecho fundamental a la propiedad privada, protegido por la Carta Magna.
El proceso judicial avanza La Cámara Civil del Distrito Judicial de La Vega ya fue apoderada del caso. Reynoso confía en que el tribunal garantizará el respeto a los derechos de los propietarios y sentará un precedente sobre la legalidad de las demoliciones estatales.
¿Más demandas en camino? El abogado advirtió que otros afectados podrían unirse a la acción legal, ya que la demolición impactó a varios propietarios del complejo. La demolición, realizada hace un mes, ha generado un debate sobre los límites del poder estatal en intervenciones urbanas.
Un llamado a la transparencia Reynoso subrayó que este caso no solo busca una reparación económica, sino también transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. “El Estado debe actuar dentro del marco de la ley y respetar los derechos de los ciudadanos”, declaró.
