Once agentes de la Policía Nacional se encuentran este jueves bajo escrutinio judicial en Santiago, donde un juez determinará la medida de coerción en su contra por su presunta responsabilidad en la muerte de cinco hombres durante un operativo realizado el 10 de septiembre en una plaza comercial de La Barranquita. Las víctimas, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, perdieron la vida tras recibir disparos y ser trasladados al Hospital Regional Doctor Cabral y Báez, donde fallecieron.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los agentes, argumentando que el caso reviste una complejidad que requiere una investigación minuciosa. Según los informes, los policías habrían actuado con un uso excesivo de la fuerza, sin justificación ni intento previo de diálogo, lo que resultó en un desenlace trágico. Además, se ha denunciado que los agentes intentaron manipular la escena del crimen, eliminando grabaciones de cámaras de seguridad y confiscando teléfonos móviles, acciones que podrían constituir un intento de encubrimiento.
La investigación, coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal interina Quirsa Milagros Abreu, ha determinado que los agentes violaron múltiples artículos del Código Penal Dominicano, incluyendo los relacionados con homicidio voluntario y asociación de malhechores. Los familiares de las víctimas han exigido justicia y transparencia, mientras que organizaciones de derechos humanos han llamado a una reforma urgente en la Policía Nacional para evitar que casos como este se repitan.
Este caso ha generado una ola de indignación en la sociedad, donde se demanda no solo la sanción de los responsables, sino también mecanismos de control más estrictos sobre las actuaciones policiales durante operativos, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar el abuso de autoridad.
