miércoles 14 de enero de 2026 06:07 am
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RD: «Amnistía Internacional denuncia protocolo dominicano que niega salud a haitianos y migrantes»

Un protocolo que viola derechos humanos fundamentales Amnistía Internacional ha denunciado el protocolo implementado por el Gobierno dominicano que condiciona el acceso a la salud de haitianos y migrantes a su estatus migratorio, exigiendo su revocación inmediata. En una carta dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, la organización alertó sobre las consecuencias humanas y legales de esta medida, que discrimina a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.

El protocolo del 6 de abril de 2025: Un obstáculo para la salud Desde su implementación, el protocolo exige a los pacientes extranjeros presentar documentos migratorios y prueba de domicilio para recibir atención médica en hospitales públicos. Según Amnistía, esta medida coloca a los migrantes en riesgo de deportación y viola el derecho universal a la salud, reconocido en tratados internacionales que República Dominicana ha ratificado.

Impacto desproporcionado en haitianos y sus descendientes La organización señala que este protocolo afecta principalmente a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, generando miedo entre los pacientes y agravando las desigualdades en el acceso a la salud. «El protocolo no solo es discriminatorio, sino que también erosiona los esfuerzos de salud pública», advierte la carta.

La verdadera causa de la sobrecarga en el sistema de salud Amnistía Internacional desmiente que los migrantes sean responsables de la saturación del sistema de salud dominicano, atribuyendo el problema a la falta de inversión histórica del Estado en infraestructura y servicios médicos. «República Dominicana es uno de los países con menor inversión pública en salud en la región», recalca la organización.

Un llamado a la acción inmediata La entidad exhorta al Senado y al Gobierno dominicano a tomar medidas urgentes para garantizar el acceso a la salud sin discriminación. «El derecho a la salud no puede estar condicionado por el estatus migratorio. Es una obligación del Estado proteger este derecho para todos», concluye la carta.


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