En los pasillos del Hospital del Guasmo, el más grande de Guayaquil, una mujer grita desesperada: «¡¿Qué le damos?!». Ofrece lo poco que tiene: agua, insulina, paracetamol, jeringas o guantes, cualquier cosa que pueda aliviar el sufrimiento de los pacientes a los que el sistema de salud no les provee ni lo más básico. Mientras tanto, una madre llora porque no tiene 115 dólares para comprar las sondas especiales que necesitan sus gemelas prematuras, nacidas de solo 24 semanas. «Me han dicho que sin eso no sobrevivirán», relata, con la angustia marcada en el rostro.
Esta escena se repite en hospitales de todo Ecuador, donde la crisis sanitaria ha tocado fondo. En el Hospital de Macas, en la Amazonía, una madre indígena achuar recibió a su hija muerta en una caja de cartón, sin respeto ni dignidad. La niña, de apenas un mes, había ingresado por fiebre y tos. «La devolvieron así, como si fuera basura», denunció un familiar. «Sin medicamentos, sin insumos. Los médicos solo firman papeletas de defunción», advierte Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.
Un sistema de salud al borde del colapso
El Ministerio de Salud reconoce que el abastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales del país no supera el 61%, pero en centros como el Hospital del Guasmo apenas llega al 41%, y en el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil, no pasa del 18%. «Estamos agonizando», denuncia Carrasco, quien atribuye la crisis a dos factores: la falta de gestión y la corrupción. «Cinco ministros han pasado por el cargo en menos de dos años, todos sin experiencia, solo como cuotas políticas», critica.
El presidente Daniel Noboa intentó resolver la crisis nombrando a la vicepresidenta María José Pinto como máxima autoridad del Ministerio de Salud, pero sin claridad sobre sus funciones. Pinto, una empresaria textil sin experiencia en salud, ya dirigía una comisión creada en agosto de 2025 para evaluar los problemas del sector, aunque nunca se conocieron sus resultados.
Pacientes renales: El rostro más visible de la tragedia
Alejandro Solano, un paciente con insuficiencia renal, relata su calvario: «Llevo cinco años con diálisis tres veces por semana. Cada sesión cuesta 1.500 dólares, y si no me la hacen, muero». Los hospitales públicos no dan abasto para atender a los 20.000 pacientes renales del país, por lo que muchos son derivados a clínicas privadas que el Estado no paga a tiempo. «Una vez llegué a la clínica y estaba cerrada porque no les habían pagado. Es una condena a muerte», denuncia.
Según Solano, quien preside una asociación de pacientes renales, al menos 300 personas han muerto en Guayaquil en el último año por falta de tratamiento. «Sabemos que nos puede pasar a nosotros en cualquier momento», dice con resignación.
Un presupuesto que no llega
En 2023, el Ministerio de Salud contaba con un presupuesto récord de 4.300 millones de dólares, pero en 2025 se redujo a 2.798 millones, y de ese monto, solo se ha ejecutado el 45%. «El dinero está en el papel, pero no llega a los hospitales», explica Carrasco. La Asamblea Nacional aprobó un presupuesto de 5.136 millones para 2026, pero no se sabe de dónde saldrán los fondos.
Protestas y silencio oficial
Los pacientes renales han salido a las calles a protestar, pero nadie los escucha. Mientras, el Ministerio de Salud anunció una «auditoría interna» y prometió sanciones, pero sin acciones concretas. «Nos están matando poco a poco», sentencia Solano.
La crisis en Ecuador no es solo falta de medicamentos, es falta de humanidad. Cadáveres entregados en cajas de cartón, pacientes muriendo por falta de un tratamiento básico y un sistema que no da respuestas. La pregunta es: ¿Hasta cuándo el Estado ecuatoriano permitirá que su gente muera así?
