Un tribunal federal de Estados Unidos debe decidir si los informes de accidentes con sistemas de Tesla se hacen públicos o siguen bajo llave. El Autopilot y la Capacidad de Conducción Autónoma Total (FSD) llevan años como opciones disponibles en los Tesla vendidos en Estados Unidos. Su existencia, su despliegue comercial e incluso su funcionamiento general son bien conocidos. Sin embargo, algunos detalles de los accidentes ocurridos con estos sistemas activados siguen siendo un misterio. Tesla no quiere que esa información salga a la luz y ha recurrido a los tribunales para mantenerla bajo llave.
El origen del conflicto está en una demanda presentada por The Washington Post contra la NHTSA, la agencia federal de seguridad vial de Estados Unidos. El periódico solicita acceso a la hoja de cálculo completa que compila los informes de incidentes ocurridos mientras estaban activados los sistemas de asistencia a la conducción de Tesla. Según el medio, la NHTSA publica algunos datos, pero retiene «detalles críticos» como las condiciones del entorno, la ubicación de los siniestros o las versiones concretas del software que iban en uso. Para los demandantes, se trata de información de interés público que puede arrojar luz sobre el verdadero rendimiento de estas tecnologías.
Tesla ha respondido con firmeza, presentando un escrito ante el tribunal federal del Distrito de Columbia para oponerse a la publicación de esos datos. Su argumento central es que ciertos campos de los informes contienen información sensible. En concreto, la versión del hardware o software, la indicación de si el coche circulaba dentro de su dominio operativo diseñado (ODD) y la narrativa detallada del accidente. Según la compañía, revelar esos elementos permitiría a sus competidores evaluar la eficacia de cada versión del sistema, rastrear el ritmo de mejora y asociar errores con versiones específicas. Es, dice Tesla, «una hoja de ruta tecnológica» que podría provocar un daño competitivo grave.
La NHTSA ha respaldado en parte esa postura, coincidiendo con Tesla en que esos tres campos están protegidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA). Ambos sostienen que no se trata solo de privacidad, sino de confidencialidad comercial, una categoría que puede justificar legalmente que no se entreguen documentos al público. Los abogados del periódico, en cambio, han alegado que esa información ya está parcialmente accesible para los propios conductores y que su compilación no debería quedar blindada por el secreto empresarial.
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