Una decisión que genera polémica y acciones legales
Los siete imputados en el caso Senasa, incluyendo al exdirector Santiago Hazim, fueron trasladados a la cárcel de Las Parras la noche del 15 de diciembre de 2025, a pesar de que el juez Rigoberto Sena había ordenado su reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (San Cristóbal). La medida, calificada como «ilegal» por los abogados defensores, ha generado un conflicto entre el Poder Judicial y las autoridades penitenciarias, que alegaron que Najayo Hombres «está lleno», sin presentar evidencia que respalde esta afirmación.
Los hechos clave
- Resolución judicial incumplida: La Resolución 0668-2025-SMDC-02421, emitida el 14 de diciembre, disponía que los imputados cumplieran su prisión preventiva de 18 meses en Najayo Hombres.
- Traslado sorpresivo: La noche del 15 de diciembre, los imputados fueron llevados a Las Parras, un penal recién habilitado, sin notificación previa a sus abogados.
- Reacción de la defensa: Jaime Terrero, abogado de Francisco Iván Minaya, denunció que este acto es un «desacato a la justicia» y anunció que presentará un recurso de amparo para exigir el cumplimiento de la orden judicial.
¿Por qué es importante este caso? El caso Senasa es investigado por un presunto fraude de RD$15,900 millones al Seguro Nacional de Salud, mediante un esquema de corrupción, falsificación de documentos y malversación de fondos. Los imputados enfrentan cargos por colusión, fraude y lavado de activos, y su traslado irregular ha generado preocupación sobre el respeto al debido proceso.
Declaraciones de las autoridades
- Roberto Santana, director de Servicios Penitenciarios, justificó el traslado alegando que Najayo Hombres no tiene capacidad, aunque no presentó pruebas.
- Jaime Terrero calificó la decisión como un «abuso de poder» y advirtió que no descartan acciones legales si no se corrige la situación.
Próximos pasos legales
- Recurso de amparo: Para garantizar que los imputados sean trasladados a Najayo Hombres, como ordenó el juez.
- Investigación sobre el traslado: Para determinar si hubo irregularidades o motivaciones políticas.
- Presión pública: Para que se respeten los derechos de los acusados y el Estado de Derecho.
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