viernes 20 de noviembre de 2026 16:43 pm
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Vecinos de Brooklyn exigen a Hakeem Jeffries frenar la reforma que aceleraría permisos para centros de datos

Nueva York enfrenta un nuevo desafío ante el crecimiento acelerado de las corporaciones de Inteligencia Artificial, y esta vez la pregunta central no es la pérdida de empleos ni los efectos escolares, sino quién paga las facturas ante la gran demanda energética y de agua de estas corporaciones.

Vecinos y organizaciones ambientalistas se manifestaron el jueves 19 frente a la oficina distrital de Hakeem Jeffries en Brooklyn, para exigir a quien está enfilado a liderar la Cámara de Representantes a partir de enero que frene una reforma federal de permisos que facilitaría la instalación de centros de datos al servicio de las grandes empresas tecnológicas.

La protesta, encabezada por la senadora estatal Kristen González, busca impedir que avance una iniciativa que, según la coalición convocante, facilitaría la expansión de los grandes centros de datos y de la infraestructura de combustibles fósiles que podría abastecerlos. En un comunicado, la senadora, que preside el Comité de Internet y Tecnología del Senado estatal, explicó que tras la moratoria anunciada por la gobernadora Kathy Hochul quiere que las empresas cumplan estándares de energía renovable, negocien acuerdos laborales y garanticen transparencia, participación pública y beneficios para las comunidades, además de que los vecinos puedan conocer los detalles de los proyectos y presentar sus comentarios antes de que se otorguen permisos estatales o locales.

«No es justo que nosotros paguemos parte de la factura de estas corporaciones multibillonarias. Además de forma doble: con nuestras altas facturas y con los riesgos ambientales que siempre impactan de forma más considerable a las comunidades más pobres», coincidieron en sus discursos varios manifestantes. Los convocantes, entre ellos New York Communities for Change, Food & Water Watch e Indivisible Brooklyn, exigen preservar las revisiones ambientales y la facultad de Nueva York para imponer condiciones o negar su certificación a ciertos proyectos que requieren permisos federales y pueden afectar la calidad del agua.

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