martes 29 de septiembre de 2026 12:55 pm
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¿Existe una conspiración mediática contra la seguridad en la República Dominicana? ¿El progreso y la economía del país está en peligro? No lo creo… Pero… “No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”. Cuidado con eso. Lo podemos perder todo.

¿Estamos informando sobre la inseguridad o estamos convirtiendo la inseguridad en un producto que genera audiencia? Pero también debemos impedir que el miedo, los intereses políticos, los likes o el silencio sustituyan a la verdad.

Es fácil provocar, desafiar o hablar de un problema cuando todavía está lejos; lo difícil es enfrentarlo cuando aparece de verdad. La difusión repetida y alarmante de hechos violentos puede crear un clima de miedo que afecte el turismo, la economía, los comercios locales y la confianza ciudadana. Sin negar la percepción de inseguridad que existe ni los hechos delictivos que preocupan a la población, también resulta necesario reconocer, verificar y evaluar el trabajo de las autoridades y los resultados de las políticas de seguridad.

Por José Zabala, creador de contenido

Nueva York. – Existe una preocupación que República Dominicana no debe ignorar: la posibilidad de que intereses políticos, la competencia por audiencias y la búsqueda de visualizaciones en medios de comunicación y redes sociales estén contribuyendo a presentar una imagen del país dominada por la inseguridad. ¿Existe una conspiración mediática organizada detrás de esto? No tengo elementos para afirmarlo. Pero sí existen razones para analizar seriamente cómo se comunica la violencia y qué efecto puede producir su repetición constante.

Cuando un hecho violento permanece durante días en titulares, programas, videos, transmisiones y redes sociales, su impacto puede extenderse mucho más allá del lugar donde ocurrió. Un crimen real y doloroso puede terminar multiplicándose comunicacionalmente hasta producir la impresión de que está sucediendo simultáneamente en todo el territorio nacional.

Eso no significa negar el delito. Los crímenes existen, las víctimas existen y la preocupación ciudadana también existe. Silenciar un hecho criminal sería tan irresponsable como exagerarlo.

La diáspora también recibe esa imagen del país

La diáspora dominicana, uno de los grandes soportes económicos y sociales de República Dominicana, observa con preocupación cómo los hechos violentos difundidos continuamente por determinados medios y, sobre todo, por las redes sociales pueden contribuir a formar una percepción generalizada de inseguridad.

Desde Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts, Pensilvania, España y otros lugares donde reside una importante población dominicana, esa imagen puede influir en conversaciones familiares, vacaciones, viajes, inversiones y decisiones económicas relacionadas con el país.

El miedo tiene consecuencias. Puede hacer que una familia limite sus actividades, que determinados comercios pierdan clientes, que un visitante reconsidere un viaje o que un dominicano residente en el exterior piense dos veces antes de realizar una inversión.

Por eso, la seguridad también necesita credibilidad.

Libertad de expresión sí; responsabilidad informativa también. República Dominicana es una sociedad democrática donde la libertad de expresión e información está protegida constitucionalmente. El artículo 49 de la Constitución establece el derecho de las personas a expresar libremente pensamientos, ideas y opiniones sin censura previa, y reconoce también el derecho a buscar, investigar, recibir y difundir información.

Eso significa que cualquier ciudadano puede cuestionar a las autoridades, denunciar un crimen, criticar la política de seguridad y expresar temor.

Nadie debería ser silenciado por hacerlo. Pero precisamente porque existe esa libertad, también resulta necesario defender el rigor. Antes de compartir un video hay que comprobar dónde ocurrió. Antes de presentar un caso como evidencia de una tendencia nacional hay que verificar las estadísticas. Y antes de revivir una grabación en las redes sociales conviene determinar si ocurrió ayer, hace un mes, hace tres años o incluso fuera de República Dominicana. La búsqueda de un “like” nunca debería convertir el sufrimiento de una víctima en entretenimiento.

Por eso hay que escuchar al ciudadano. Si una persona tiene miedo de salir de noche, ese miedo merece atención. Si un comerciante teme ser asaltado, necesita respuestas. Si una familia ha sido víctima de un delito, ninguna estadística puede borrar su experiencia.

Defender la imagen de República Dominicana nunca puede significar callar a las víctimas. Pero los resultados de seguridad también deben publicarse

Así como debemos hablar de los delitos, también debemos informar cuando los indicadores muestran mejorías. Según el reporte oficial más reciente de la Policía Nacional, con corte al 25 de septiembre de 2026, la tasa acumulada de homicidios se situó en 7.36 por cada 100,000 habitantes, frente a 8.74 en 2025 y 13.20 en 2022.

La institución informó además que 28 de los 35 territorios analizados mantienen tasas de homicidios de un solo dígito. En materia de robos, las autoridades reportaron 3,504 casos frente a 5,891 durante el mismo período de 2025, una reducción de 40.5 %.

Consultar el informe oficial de seguridad al 25 de septiembre

Son datos oficiales y, como corresponde en una sociedad democrática, deben publicarse, examinarse, contrastarse y someterse al escrutinio de medios, especialistas y ciudadanía. Pero tampoco deberían ignorarse simplemente porque una reducción estadística genera menos impacto en las redes sociales que el video de un atraco.

Entonces, ¿existe una conspiración mediática? No puedo afirmar que exista.

Para hablar responsablemente de una conspiración tendría que demostrarse coordinación entre actores, objetivos comunes y acciones deliberadas destinadas a manipular la percepción de seguridad. No tenemos aquí pruebas suficientes para establecer algo semejante.

Pero eso no significa que no exista un problema.

El problema puede estar en otro lugar: incentivos políticos, competencia por audiencia, algoritmos que premian contenidos impactantes, repetición excesiva de imágenes violentas y una cultura digital donde una noticia alarmante suele conseguir más atención que un informe estadístico.

No hace falta que todos se pongan de acuerdo para producir un mismo efecto. Y ese efecto puede terminar siendo una República Dominicana percibida como mucho más insegura de lo que determinados indicadores reflejan, sin que eso signifique negar los delitos que realmente ocurren.

Ni propaganda oficial ni espectáculo del crimen. República Dominicana no necesita escoger entre dos extremos. No necesita una comunicación gubernamental que esconda los problemas. Pero tampoco necesita convertir cada tragedia en un espectáculo interminable para producir audiencia.

Necesita información completa. Cuando ocurra un atraco, publíquese. Cuando exista un homicidio, investíguese. Cuando una familia denuncie inseguridad, escúchese. Cuando exista abuso policial, denúnciese e investíguese. Pero cuando bajen los homicidios, también dígase. Cuando disminuyan los robos, publíquese. Cuando una estrategia fracase, reconózcase. Y cuando funcione, explíquese. Eso es equilibrio informativo.

EL MENSAJE FINAL

República Dominicana tiene derecho a proteger su progreso y su reputación, pero sus ciudadanos tienen un derecho todavía más importante: conocer la verdad completa. La seguridad no puede medirse únicamente por lo que aparece en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook o un programa de televisión. Tampoco puede medirse exclusivamente mediante un informe gubernamental.

Debe observarse mediante estadísticas verificables, experiencias ciudadanas, investigaciones independientes, denuncias, resultados judiciales y el comportamiento real de las comunidades. Por eso mi conclusión no es que exista una conspiración mediática demostrada contra la seguridad dominicana.

Mi preocupación es otra: ¿Estamos informando sobre la inseguridad o estamos convirtiendo la inseguridad en un producto que genera audiencia?

Esa es una pregunta que medios, autoridades, comunicadores, políticos, creadores de contenido y ciudadanos debemos hacernos. Porque el crimen debe denunciarse, las víctimas deben escucharse y las autoridades deben rendir cuentas.

Cabe destacar: El Código Procesal Penal no establece censura a los medios. También conviene aclarar otro punto para evitar confusiones jurídicas. La Ley 97-25, promulgada el 7 de diciembre de 2025, reformó el Código Procesal Penal y fortaleció aspectos del proceso penal y los derechos de las partes. La protección constitucional frente a la censura previa, en cambio, procede del artículo 49 de la Constitución. Esta ley instituye el nuevo Código Procesal Penal en cumplimiento de la sentencia TC/0765/24 del Tribunal Constitucional, buscando modernizar el sistema y fortalecer las garantías procesales

Por eso no debemos mezclar dos debates diferentes. La libertad de prensa debe protegerse. La investigación periodística debe protegerse. La denuncia ciudadana debe protegerse. Lo que debemos exigir paralelamente es contexto, comprobación y responsabilidad.

¿Pueden las noticias sobre crímenes modificar nuestra percepción? Aquí encontramos evidencia interesante. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizado en Bogotá analizó precisamente la distancia entre percepción y realidad del crimen. Los investigadores señalaron que los acontecimientos criminales reciben una fuerte exposición mediática, mientras que la ausencia de delitos difícilmente se convierte en noticia. El experimento encontró además que comunicar tendencias objetivas sobre criminalidad podía mejorar la percepción de seguridad y la evaluación de la efectividad policial, aunque el efecto tendía a disminuir con el tiempo.

Consultar el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo

Es importante decirlo claramente: ese estudio fue realizado en Colombia, no en República Dominicana, por lo que no demuestra una conspiración mediática dominicana.

Pero sí ofrece una enseñanza aplicable al debate: lo que las personas ven y escuchan repetidamente puede influir en la manera en que interpretan el nivel de inseguridad.

Otros trabajos del BID también han encontrado que la forma en que se comunica el crimen puede modificar percepciones y preferencias ciudadanas.

La percepción dominicana tampoco puede descartarse. Sería igualmente equivocado responder a las estadísticas diciéndole al ciudadano: “Lo que usted siente no existe”.

La Oficina Nacional de Estadística ha estudiado precisamente la diferencia entre percepción y experiencia de seguridad. Datos de la ENHOGAR 2022 mostraron que la delincuencia y la inseguridad ocupaban lugares importantes entre los problemas percibidos por la población dominicana.

La propia ONE explica que la percepción de inseguridad incluye componentes emocionales, como miedo y ansiedad, y encontró diferencias importantes según los grupos socioeconómicos.

Consultar el estudio de percepción de seguridad de la ONE

ZabalaAlDía.com — “La voz que conecta con la comunidad y la diáspora dominicana”. Imagen Ilustrativa IA.

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