La moda de grabar procedimientos policiales, interpretar leyes a conveniencia y convertir cualquier intervención en un espectáculo de redes sociales abre un debate sobre el respeto a la autoridad. Pero también exige policías preparados, procedimientos legales y respeto a los derechos ciudadanos.
Muchos usan de refenrencia de New York: En Nueva York, una conducta; en Santo Domingo, otra.
Aquí surge una comparación que muchos dominicanos residentes en Estados Unidos conocemos. En Nueva York, cuando un policía detiene legalmente un vehículo por una infracción de tránsito, lo habitual es que el conductor entregue su licencia, registro y demás documentos requeridos, siguiendo las instrucciones correspondientes.
No es frecuente observar a conductores exigiendo que llegue un fiscal o un juez antes de permitir que el agente continúe un procedimiento ordinario.
Pero resulta curioso que algunos ciudadanos que respetan las instrucciones policiales en Nueva York, cuando llegan a Santo Domingo, adopten una actitud completamente diferente.
Comienzan las discusiones: “¡Búscame un fiscal!”, “¡Dime qué ley lo permite!”, “¡Te estoy grabando!”, “Tú no puedes hacerme eso! ! no me puedes parar que ley viole?”
Por José Zabala, creador de contenido
Nueva York.– Algo está ocurriendo en la República Dominicana que merece una reflexión seria. Cada vez observamos más videos de ciudadanos que, ante una intervención policial, militar o de tránsito, comienzan a discutir, exigir artículos de leyes, reclamar la presencia de un fiscal o un juez y desafiar a las autoridades, muchas veces sin conocer realmente sus derechos ni las facultades legales de quienes realizan el procedimiento.
Sin embargo, también existen casos en los que agentes del orden desconocen los límites de su autoridad, interpretan incorrectamente las normas o ejecutan procedimientos sin la preparación necesaria.
El problema tiene dos caras: ciudadanos que creen saberlo todo sobre las leyes y autoridades que, en ocasiones, no saben aplicarlas correctamente.
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La pregunta es inevitable: ¿por qué exigir en República Dominicana procedimientos que tampoco serían necesarios para una intervención equivalente en Nueva York?
Eso no significa que un policía estadounidense pueda registrar cualquier vehículo a su antojo. En Nueva York también existen límites constitucionales, requisitos legales y mecanismos para impugnar actuaciones indebidas.
Grabar no convierte a nadie en abogado.
Las redes sociales han creado una nueva cultura de confrontación. Algunas personas consideran que encender la cámara de un teléfono celular les otorga autoridad para detener un procedimiento.
Grabar una intervención policial puede ser legítimo y contribuir a la transparencia, siempre que no se obstruya la actuación de los agentes.
Pero una grabación no sustituye el conocimiento jurídico, ni un video viral determina automáticamente quién tiene la razón.
Tener miles de reproducciones no significa tener la ley de su lado.
No todo procedimiento necesita un fiscal
En República Dominicana existen actuaciones que los agentes pueden realizar dentro de sus competencias sin necesitar la presencia inmediata de un fiscal o juez.
Sin embargo, otras medidas, especialmente determinadas entradas a domicilios, registros y actuaciones de investigación penal, están sujetas a requisitos legales y autorizaciones específicas.
La Constitución dominicana protege la libertad personal, la intimidad, el debido proceso y otros derechos fundamentales.
Por eso, ni el ciudadano puede inventarse requisitos legales ni la autoridad puede atribuirse poderes que la ley no le concede.
Las autoridades también necesitan preparación
La Policía Nacional, la DIGESETT y los demás organismos competentes deben garantizar que sus agentes conozcan las leyes, expliquen correctamente los procedimientos y actúen con profesionalismo.
Un agente preparado no necesita humillar, amenazar ni provocar al ciudadano para ejercer su autoridad.
De igual manera, una persona que considera vulnerados sus derechos puede documentar lo ocurrido, presentar una denuncia y acudir a los tribunales sin convertir necesariamente la intervención en una confrontación.
¿Qué dicen los principios jurídicos?
El Estado de derecho exige dos obligaciones fundamentales: que los ciudadanos respeten las normas legítimas y que las autoridades actúen dentro de sus competencias.
La obediencia a una instrucción policial legal no significa renunciar a los derechos constitucionales. Tampoco invocar esos derechos autoriza a impedir una actuación legítima.
La diferencia entre una sociedad organizada y una donde predominan los conflictos no depende únicamente de la fuerza policial, sino también de la educación cívica, la confianza institucional y la aplicación imparcial de la ley.
Reflexión final: ni policías por encima de la ley ni ciudadanos por encima de la autoridad
La República Dominicana necesita fortalecer una cultura de respeto mutuo.
Los ciudadanos deben comprender que no todas las intervenciones requieren un fiscal, que las leyes estadounidenses no sustituyen las dominicanas y que las redes sociales no son tribunales.
Las autoridades, por su parte, deben recordar que portar un uniforme no les concede poderes ilimitados.
No podemos exigir respeto a la autoridad en Nueva York y promover el desafío injustificado a esa misma autoridad cuando estamos en Santo Domingo. Pero tampoco podemos exigir obediencia ciudadana si los agentes desconocen o violan la ley.
La verdadera autoridad no se impone mediante el abuso, y el verdadero conocimiento de los derechos no se demuestra mediante el escándalo.
La ley debe respetarse de ambos lados: por quien lleva el uniforme y por quien sostiene el celular.
Fuentes de referencia: Constitución de la República Dominicana; Código Procesal Penal dominicano; Ley 590-16, Orgánica de la Policía Nacional; Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; Constitución de Estados Unidos, Cuarta Enmienda; y disposiciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
Foto Ilustrativa de IA
ZabalaAlDía.com — La voz que conecta con la comunidad y la diáspora Dominicana. Verificación jurídica: confirmé que en Nueva York un conductor debe presentar los documentos requeridos durante una parada legal, pero un agente no puede registrar libremente el vehículo solo porque exista una infracción de tránsito.
NYPD Monitor+1
En República Dominicana, el artículo 40 de la Constitución establece garantías específicas para las detenciones, y el Código Procesal Penal regula los registros y allanamientos.
Por eso el artículo mantiene una crítica firme a las confrontaciones injustificadas, sin presentar como ilegales las reclamaciones legítimas de derechos.
