Por José Zabala, creador de contenido
Washington, D.C. – El secretario de Estado Marco Rubio, en representación de la administración Trump, anunció una nueva y contundente política de restricción de visas, dirigida a ciudadanos extranjeros –especialmente funcionarios gubernamentales que participen en actos de censura contra ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. La medida tiene como objetivo salvaguardar el derecho a la libertad de expresión, uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense.
“La libertad de expresión es esencial para el estilo de vida estadounidense, un derecho de nacimiento sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad”, afirmó Rubio en un comunicado oficial publicado también en la red social X.
La nueva política contempla la negación de visas a personas extranjeras que, desde sus países de origen, hayan censurado o intentado censurar expresiones protegidas realizadas por estadounidenses. Esto incluye, por ejemplo, casos en los que se haya emitido o amenazado con emitir órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes de EE.UU. por publicaciones hechas en redes sociales o plataformas digitales con sede en Estados Unidos, mientras dichas personas se encontraban físicamente en territorio estadounidense.
Además, Rubio advirtió que algunos familiares cercanos de los sancionados también podrían estar sujetos a estas restricciones migratorias.
“No toleraremos violaciones a nuestra soberanía ni ataques al derecho fundamental de hablar libremente. Esta es una advertencia clara a todos los que piensan que pueden perseguir voces estadounidenses desde el extranjero”, enfatizó el secretario de Estado.
La disposición se basa en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite declarar inadmisible a cualquier extranjero cuya entrada pueda tener “consecuencias potencialmente graves para la política exterior de los Estados Unidos”.
La medida también responde a preocupaciones recientes expresadas por la administración Trump y empresas tecnológicas estadounidenses, en relación con intentos de gobiernos extranjeros, incluidos algunos aliados europeos, de imponer normas de moderación de contenido con implicaciones extraterritoriales. Estas acciones han sido interpretadas como esfuerzos para censurar plataformas y usuarios estadounidenses, lo que atenta directamente contra los principios constitucionales del país.
“Durante demasiado tiempo, los estadounidenses han sido multados, perseguidos e incluso acusados por autoridades extranjeras simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, denunció Rubio. “Los funcionarios extranjeros que violen los derechos de los estadounidenses no deberían disfrutar del privilegio de ingresar a nuestro país”.
La nueva política, que ya ha comenzado a ser aplicada, representa una escalada diplomática por parte de Estados Unidos en defensa de su soberanía, el derecho a la libre expresión y la protección de sus ciudadanos frente a represalias extranjeras por el ejercicio de derechos consagrados en su Constitución.
Con este paso, Washington envía un mensaje claro a gobiernos de América Latina, Europa y otras regiones: la censura contra los estadounidenses, desde cualquier rincón del mundo, tendrá consecuencias.
