Por José Zabala, creador de contenido
Santo Domingo – La sociedad dominicana vive momentos de gran preocupación ante una crisis creciente en el ejercicio de la comunicación. En una época marcada por la inmediatez, la desinformación y el sensacionalismo, periodistas y comunicadores se han visto envueltos en una peligrosa lucha de “quién demanda a quién”, mientras la reputación de personas inocentes se destruye públicamente sin el debido proceso.
En diversos casos recientes, comunicadores han emitido juicios de valor que, más allá de informar, terminan condenando públicamente a ciudadanos antes de que lo haga un juez. Algunos imputados, luego de enfrentar un proceso judicial, han sido declarados inocentes. Pero para entonces, ya han sufrido un daño irreparable en su imagen, reputación, familia y vida profesional. Lo más grave: pocos medios se retractan y casi ninguno ofrece una disculpa pública.
¿Quién le limpia la imagen a los inocentes?
Esa es la gran pregunta que hoy se hace el país. Muchos ciudadanos que han sido expuestos indebidamente en medios quedan marcados de por vida. No hay un mecanismo estatal claro para reparar el daño. Ni los comunicadores ni los medios suelen asumir responsabilidad moral o legal, y mucho menos se solidarizan con las víctimas de condenas mediáticas injustas.
¿Qué dice la nueva ley de libertad de expresión?
La propuesta de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, busca precisamente enfrentar estos desafíos. Esta ley establece principios claros como:
El respeto a la presunción de inocencia
Responsabilidad posterior por los contenidos difundidos
Mecanismos de rectificación y réplica obligatoria
Sanciones por difamación e injuria, adaptadas al contexto digital
El proyecto propone equilibrar la libertad de expresión con el derecho al honor, reconociendo que no puede haber periodismo responsable sin responsabilidad legal ni ética.
Opinión de los gremios de periodistas y comunicadores
El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) dio plenas garantías de que el anteproyecto de ley que busca regular la libertad de expresión y los medios digitales protegerá y dirigirá los destinos de la Comunicación Social y las Redes Sociales de manera ética y responsable. El CDP asegura que dicha legislación es muy necesaria, y rechaza categóricamente que se pretenda censurar o limitar el ejercicio de la profesión.
Reacciones del Estado, la justicia y la sociedad civil
El Estado dominicano, a través de sus instituciones judiciales y de comunicación, ha comenzado a reconocer la gravedad del problema. Algunos jueces han llamado la atención sobre el riesgo de que los medios interfieran en los procesos judiciales con información parcial o manipulada.
Desde la sociedad civil, diversas organizaciones de derechos humanos, juristas y analistas sociales han advertido sobre el “linchamiento digital” que sufren muchos ciudadanos, sin que se les garantice una defensa justa ante la opinión pública.
Una sociedad que debe reflexionar
República Dominicana enfrenta el reto de fortalecer su democracia, y eso incluye una comunicación ética, responsable y respetuosa de los derechos fundamentales. La libertad de prensa no puede ser sinónimo de impunidad, ni la opinión pública debe convertirse en juez sin pruebas.
Los nuevos tiempos exigen nuevos compromisos: con la verdad, con la justicia y con la dignidad de cada ciudadano. Es momento de revisar nuestras prácticas y defender el derecho de todos a ser informados… y no difamados.
