Estudiantes, sobrevivientes de abuso sexual y activistas saldrán este jueves a las calles de más de 40 estados del país en una jornada nacional de protestas bajo la consigna «#AltoALaViolenciaSexual: De la fraternidad a la Casa Blanca, Día Nacional de Acción». La movilización, que incluye más de 150 eventos entre marchas, plantones y vigilias, exige justicia por el manejo que la Universidad de Cornell dio a la denuncia de una estudiante que afirma haber sido violada por miembros de la fraternidad Chi Phi en 2024, un caso que ha desatado una ola de indignación en todo el país.
La protesta es la respuesta masiva a una demanda civil de 101 páginas presentada el pasado 16 de septiembre por una exestudiante identificada judicialmente como Jane Doe. En el documento, la joven alega que fue drogada y agredida sexualmente durante varias horas por siete integrantes de la fraternidad Chi Phi en la madrugada del 19 al 20 de octubre de 2024, mientras se encontraba bajo los efectos de ketamina, alcohol y marihuana. Los acusados niegan las imputaciones, no enfrentan cargos criminales y la demanda también señala a la universidad, la fraternidad y otras partes por negligencia y violaciones de la Ley de Derechos Humanos del estado de Nueva York.
Los organizadores —Women’s March, Feminist, Feminist Generation y me too International, según informó USA Today— prevén además la suspensión de asistencia a clases en más de 50 campus universitarios. «En este preciso momento, son los estudiantes quienes nos están llevando a la acción», declaró Rachel O’Leary Carmona, directora ejecutiva de la Marcha de las Mujeres.
Las concentraciones están pautadas en Foley Square (Nueva York), Ithaca, Washington D.C., Filadelfia, Los Ángeles, Seattle, Baltimore y Boston, entre otras ciudades. En la capital estadounidense, la convocatoria es frente al Monumento a la Casa Blanca para escuchar testimonios sobre las acusaciones contra Donald Trump y Jeffrey Epstein.
La presión también ha alcanzado a las autoridades: la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, designó el 1 de octubre a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para investigar la presunta agresión, mientras que el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, calificó las acusaciones como «profundamente inquietantes» y contrató a la exfiscal general interina Sally Yates para liderar una revisión independiente de las políticas de la institución. «No nos detendremos hasta que cada sobreviviente reciba la justicia y la rendición de cuentas que merece», advirtió Ky Polanco, cofundadora de FEMINIST.
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