Adriana Fortuna /https://robertocavada.com/ agosto 19, 202600
Los abogados de Iluminada Muñoz informaron que el Ministerio Público presentó acusación formal contra Claudina Pérez Ramírez, conocida como La Tora, a raíz de una querella penal con constitución en actor civil interpuesta en 2024 por presuntos hechos de difamación e injuria.
Los representantes legales, Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, sostienen que los hechos denunciados no corresponden a un episodio aislado, sino a una serie de señalamientos que, según su versión, se habrían prolongado durante más de cinco años a través de distintos espacios y plataformas de difusión pública.
De acuerdo con los abogados, luego de recibir la querella, el Ministerio Público desarrolló una investigación en la que fueron recopilados diferentes elementos de prueba relacionados con las publicaciones y expresiones atribuidas a Pérez Ramírez.
Como resultado de esa investigación, el órgano acusador presentó una acusación formal y solicitó una medida de coerción contra La Tora, cuyo conocimiento está pautado para este jueves 20 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional. Horarioy calendarios
Abogados alegan que los señalamientos se prolongaron durante años
Los representantes de Muñoz afirmaron que Pérez Ramírez habría sido citada en varias ocasiones dentro del proceso y que, según sostienen, no ha comparecido ante las autoridades correspondientes.
Los abogados también alegan que, pese al proceso iniciado, la comunicadora habría continuado realizando manifestaciones públicas que consideran relacionadas con los mismos hechos denunciados.
“La justicia no puede permanecer indiferente frente a una conducta que, según los elementos incorporados al proceso, se ha prolongado durante años y que ha tenido un impacto directo sobre la honra, dignidad y reputación de nuestra representada”, expresaron.
No obstante, será durante las distintas etapas del proceso judicial cuando deberán determinarse las responsabilidades correspondientes, conforme a las pruebas que sean admitidas y valoradas por las autoridades competentes.
Buscan una respuesta judicial y reparación por los daños alegados
Los abogados de Muñoz aclararon que la acción judicial no pretende convertirse en una confrontación personal, sino procurar una respuesta institucional frente a los hechos denunciados y establecer las responsabilidades que correspondan de acuerdo con las leyes dominicanas.
Además de la acción penal, la querella incluye la constitución en actor civil, mediante la cual la parte querellante procura obtener reparación por los daños que alega haber sufrido como consecuencia de las actuaciones denunciadas.
En caso de que los tribunales determinen una reparación económica a favor de Muñoz, sus abogados explicaron que su representada contempla destinar esos recursos a fortalecer el ejercicio profesional de la comunicación y realizar aportes a instituciones que desarrollen programas de atención, prevención y asistencia para personas afectadas por el cáncer en República Dominicana. Playase islas
“Iluminada Muñoz entiende que una eventual reparación no procura una compensación individual, sino transformar este proceso tortuoso en una oportunidad para contribuir con causas sociales y con personas que enfrentan situaciones particularmente difíciles”, indicaron.
La audiencia está fijada para este jueves
Los representantes legales reiteraron su confianza en el sistema de justicia y aseguraron que continuarán ejerciendo la defensa de los intereses de Muñoz dentro del debido proceso.
La audiencia para conocer la acusación y la solicitud de medida de coerción contra Claudina Pérez Ramírez está programada para este 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El proceso deberá determinar ahora, con base en los elementos presentados por el Ministerio Público y las posiciones de las partes, si existen méritos suficientes para las medidas solicitadas y, posteriormente, las eventuales responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
