Un operativo federal en San Juan terminó con dos personas tras las rejas, acusadas de montar una unión matrimonial aparentemente armada con un único propósito: asegurar beneficios migratorios. La dominicana Modestina Villanueva Javier y el estadounidense Erick Martínez Aulet fueron apresados por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y ahora responden a cargos federales por fraude matrimonial y conspiración.
Según revelaron las autoridades, el matrimonio bajo la lupa habría servido de vehículo para sortear los requisitos de la ley migratoria estadounidense. Es decir, la unión no respondía, presuntamente, a una relación genuina de pareja, sino a una estrategia para regularizar una situación migratoria.
La agencia federal fue tajante al explicar el porqué de los arrestos. «El matrimonio es un compromiso legal y personal para construir una vida juntos. Cuando ese compromiso se finge simplemente para evadir las leyes de inmigración, se convierte en un delito federal grave», advirtió HSI en un comunicado difundido tras la operación.
Hasta cinco años de cárcel y multa millonaria
El peso de la ley no es menor para los imputados. El Código de Estados Unidos, en su Título 8, sección 1325(c), contempla para los condenados por fraude matrimonial una pena máxima de cinco años de prisión y una multa que puede alcanzar los 250,000 dólares. A ello se suman las sanciones derivadas del cargo de conspiración, cuyo alcance dependerá de los cargos específicos y las circunstancias del caso.
Los arrestos, ejecutados durante la semana pasada, se enmarcan en una campaña más amplia de investigaciones federales orientadas a desarticular matrimonios de conveniencia. HSI dejó claro que las pesquisas no terminan aquí y que seguirá persiguiendo cualquier intento de manipular los procedimientos migratorios.
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