La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Muerte Digna, legalizando así la eutanasia en el país y convirtiéndolo en el primero de Sudamérica en adoptar esta medida. La votación, que se extendió por más de diez horas, contó con el apoyo total de los legisladores del Frente Amplio y el respaldo de algunos senadores de la oposición, pertenecientes al Partido Colorado y al Partido Nacional. La nueva ley permite que personas mayores de edad, psíquicamente aptas y en etapa terminal de enfermedades incurables, o que padezcan sufrimientos insoportables, puedan optar por una muerte digna y asistida, siempre bajo estrictos controles médicos y legales.
El proyecto, que ahora deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo, establece un protocolo detallado para garantizar que la decisión de solicitar la eutanasia sea libre, informada y voluntaria. Entre los requisitos, se incluye la evaluación por parte de al menos dos médicos especialistas, quienes deberán certificar que el paciente cumple con los criterios establecidos por la ley. Además, se contempla un período de reflexión para el solicitante, así como la posibilidad de retractarse en cualquier momento antes de la aplicación del procedimiento. Estos mecanismos buscan evitar cualquier tipo de presión externa y asegurar que la decisión sea el resultado de una voluntad auténtica y consciente.
Los promotores de la ley argumentaron que su aprobación representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos, especialmente para aquellos pacientes que enfrentan enfermedades terminales o dolores crónicos insoportables. Según el senador Mario Bergara (Frente Amplio), la norma es un reconocimiento a la autonomía personal y a la dignidad humana, permitiendo que las personas puedan decidir sobre su propio cuerpo y su proceso de muerte. «No se trata de promover la muerte, sino de evitar el sufrimiento innecesario y de respetar la voluntad de quienes, en situaciones extremas, eligen poner fin a su vida con dignidad», explicó Bergara durante el debate.
No obstante, la legalización de la eutanasia también ha generado controversia en sectores conservadores y religiosos, que consideran que la medida vulnera el derecho a la vida y podría derivar en prácticas abusivas. La Conferencia Episcopal Uruguaya, por ejemplo, expresó su rechazo a la ley, argumentando que desvaloriza la vida humana y podría llevar a una cultura de descarte de las personas más vulnerables. Sin embargo, los legisladores que votaron a favor aseguraron que los controles establecidos en la norma son suficientes para prevenir abusos y garantizar que la eutanasia se aplique solo en casos excepcionales y debidamente evaluados.
Con esta aprobación, Uruguay se une a un grupo reducido de países que han legalizado la eutanasia, como Canadá, España, Países Bajos y Bélgica, consolidando su posición como un referente en derechos civiles en América Latina. La implementación de la ley requerirá ahora la creación de comisiones médicas especializadas y la capacitación de profesionales de la salud, así como la reglamentación de los procedimientos para garantizar su aplicación ética y segura. Mientras tanto, el debate sobre la muerte digna continúa abierto en la sociedad uruguaya, donde la ley ha sido recibida con apoyo mayoritario, pero también con reservas y cuestionamientos desde sectores más tradicionales.
