WASHINGTON, DC — El congresista Adriano Espaillat encabezó esta semana un llamado del Caucus Hispano del Congreso (CHC) y líderes de organizaciones latinas nacionales para rechazar el plan de reconciliación presupuestaria republicano, al considerar que destina miles de millones de dólares a reforzar las operaciones migratorias impulsadas por la administración Trump.
Durante una rueda de prensa frente al Capitolio de Estados Unidos, Espaillat, quien preside el CHC, criticó que los republicanos prioricen recursos para las agencias de inmigración mientras recortan programas esenciales para las familias trabajadoras.
“Los republicanos están tomando el dinero de los contribuyentes estadounidenses para pagar las prioridades personales de Donald Trump, y luego le dicen al pueblo que no hay recursos para salud, asistencia alimentaria o educación. Peor aún, están canalizando miles de millones hacia agencias de inmigración que ya cuentan con abundantes fondos y son profundamente impopulares. Las familias trabajadoras merecen un gobierno que mejore sus vidas, no una máquina irracional de deportaciones masivas para beneficiar a los amigos y familiares del presidente”, expresó Espaillat.
La presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS, Janet Murguía, advirtió que el proyecto otorgaría “un cheque en blanco” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, profundizando políticas de deportación masiva que, según dijo, han sembrado temor en comunidades de todo el país.
Por su parte, el congresista Jesús “Chuy” García afirmó que la administración Trump ha ejecutado “una ofensiva brutal e ilegal” contra las comunidades inmigrantes y criticó que los republicanos busquen añadir 70 mil millones de dólares para deportaciones y centros de detención.
El director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC, Juan Proaño, sostuvo que las deportaciones masivas representan “una bola de demolición económica” contra trabajadores, contribuyentes y pequeños negocios latinos.
También participaron el congresista Raul Ruiz, quien denunció el impacto psicológico de las detenciones y separaciones familiares; Angelica Razo, directora nacional de campañas de Mi Familia en Acción; y la congresista Emily Randall, quien cuestionó que el Congreso destine miles de millones de dólares a ICE y la Patrulla Fronteriza mientras persisten necesidades urgentes de vivienda, cuidado infantil y apoyo económico para las familias estadounidenses.
Los participantes coincidieron en exigir mayor transparencia, supervisión y protecciones de derechos civiles antes de aprobar cualquier incremento de fondos para las agencias federales de inmigración.
