Henry A. Montero
Para Voces del Oeste
Santo Domingo. – La muerte de 1,090 niños menores de un año en República Dominicana durante las primeras 31 semanas epidemiológicas de 2026 constituye una realidad que no puede seguir abordándose únicamente mediante boletines, porcentajes comparativos y comunicados institucionales. El país necesita respuestas claras del Servicio Nacional de Salud sobre lo que ocurre en los hospitales y las acciones concretas que se están adoptando para impedir que más familias pierdan a sus hijos.
Las cifras son especialmente alarmantes porque 907 de esos fallecimientos corresponden a recién nacidos que no alcanzaron los 28 días de vida. Es decir, más del 83 % de las muertes infantiles ocurrieron durante el período neonatal, cuando la atención hospitalaria, la vigilancia médica, el cumplimiento de los protocolos y la disponibilidad de equipos especializados pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Solo durante la semana epidemiológica 31 se reportaron 32 fallecimientos infantiles, de los cuales 24 fueron neonatos. No se trata de estadísticas lejanas ni de una situación que pueda justificarse por su repetición. Son niños que llegaron al mundo y murieron en cuestión de días, dejando familias devastadas y preguntas que aún esperan respuesta.
El Servicio Nacional de Salud (SNS), responsable de la red pública hospitalaria, debe explicar qué centros concentran la mayor cantidad de fallecimientos, cuáles fueron las causas determinadas en cada caso y cuántas muertes estuvieron relacionadas con situaciones potencialmente evitables. La ciudadanía tiene derecho a conocer si hubo demoras en la atención, infecciones intrahospitalarias, carencias de equipos, falta de personal especializado o incumplimientos de los protocolos establecidos.
No todas las muertes infantiles pueden atribuirse a negligencia médica. Afirmarlo sin investigaciones concluyentes sería irresponsable. Pero también lo es presentar una reducción respecto del año anterior como argumento suficiente para restar importancia a una tragedia que ya supera el millar de vidas perdidas.
Que en 2025 se registrarán 1,165 fallecimientos durante el mismo período y que ahora la cifra sea de 1,090 representa una disminución estadística, pero estamos en el mes 8, no una razón para bajar la guardia. ¿Qué se está haciendo para bajar ese número a cero de niños recién nacidos muertos? Setenta y cinco muertes menos no pueden convertirse en una excusa para ignorar a los 1,090 niños que ya no están, madres desconsoladas y un sistema de SNS precario.
Las autoridades sanitarias deben hacer públicos los resultados de las auditorías clínicas realizadas en hospitales y maternidades. La población necesita saber si esas revisiones identificaron fallas, si se corrigieron los procedimientos deficientes y si se establecieron responsabilidades cuando hubo omisiones que pudieron comprometer la vida de los pacientes.
También resulta imprescindible evaluar las condiciones de las unidades de cuidados intensivos neonatales, la cantidad de incubadoras disponibles, el suministro de medicamentos, la permanencia de especialistas, los médicos responsables de esos recién nacidos y de sus madres, y su capacidad de respuesta frente a emergencias obstétricas y pediátricas.
Un hospital no puede limitarse a recibir pacientes si carece de las condiciones necesarias para atenderlos oportunamente. Tampoco puede normalizarse que un recién nacido sea trasladado de un centro a otro sin garantías de asistencia inmediata, ni que una familia tenga que esperar respuestas mientras el tiempo juega en contra de la vida.
La vigilancia debe extenderse a todo el proceso: controles prenatales, identificación de embarazos de alto riesgo, atención del parto, seguimiento del recién nacido, prevención de infecciones y disponibilidad de transporte sanitario cuando sea necesario referir al paciente.
Si existen hospitales con patrones de mortalidad recurrentes, el SNS tiene la obligación de intervenir en dichos hospitales. Si faltan especialistas, debe garantizar su presencia. Si hay deficiencias en los equipos o en los insumos, corresponde resolverlas. Y si una investigación determina que hubo negligencia, los responsables deben enfrentar las consecuencias correspondientes.
La mortalidad infantil no puede manejarse como una cifra que aparece cada semana y luego desaparece de la agenda pública. Cada niño fallecido representa una vida que merecía protección, una madre que esperaba regresar a casa con su bebé y una familia que confiaba en el sistema de salud.
Hoy el llamado al Servicio Nacional de Salud es directo: investiguen, informen, intervengan y corrijan. Porque un país no puede hablar de avances sanitarios mientras cientos de recién nacidos siguen muriendo antes de tener siquiera la oportunidad de vivir.
The post Más de 1,000 niños muertos: ¿Qué está haciendo el Servicio Nacional de Salud? appeared first on Zabala al Día.
Vistas: 4
