Acciones legales protegen intereses de víctimas en investigación
La Procuraduría General de la República (PGR) ha intervenido para inmovilizar los bienes del empresario Antonio Espaillat López, dueño de la discoteca Jet Set, escenario de un trágico desplome que cobró la vida de 232 personas. El Ministerio Público sospecha que Espaillat estaría realizando maniobras para transferir activos, evitando así resarcir a las víctimas.
Bajo la dirección de Wilson Camacho, la Dirección de Persecución ha implementado medidas cautelares sobre empresas como Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, bloqueando cualquier transacción patrimonial o accionaria. Las acciones se realizan bajo la Ley 155-17, aunque no implica una investigación por lavado de activos.
Además, se analizan documentos corporativos, licencias y condiciones estructurales del local para determinar responsabilidades. La PGR enfatiza su compromiso con los derechos de las víctimas según la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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