Un esquema de corrupción que afecta a la ciudadanía
El director general de la DIDA (Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social), Elías Báez, denunció la existencia de un esquema de corrupción institucionalizado dentro del sistema de salud y pensiones de República Dominicana. Según Báez, este sistema está controlado por sectores corporativos, a los que calificó como «tigueres», que han convertido los fondos destinados a la salud en un botín financiero, priorizando el enriquecimiento sobre la atención médica de los ciudadanos.
Manipulación de medicamentos de alto costo
La operativa mafiosa se ejecuta principalmente a través de la manipulación de medicamentos de alto costo. Aunque las normativas del Consejo Nacional de la Seguridad Social establecen que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) deben comprar los fármacos en conjunto con la dirección estatal para obtener descuentos de hasta un 70%, las entidades prefieren adquirir los productos de forma individual a precios elevados (como fármacos tasados en 400,000 pesos), aplicando márgenes adicionales de ganancia que facturan directamente a las cuentas de los afiliados.
Obstáculos a la prevención y conflicto de intereses
Báez denunció que clínicas privadas y centros médicos se oponen a la implementación de medidas preventivas, como cambios de hábitos en pacientes prediabéticos, porque un modelo enfocado en la salud preventiva reduciría drásticamente el número de enfermos crónicos, lo que afectaría sus ingresos por medicamentos y consultas de alto costo.
Además, el Consejo Nacional de la Seguridad Social está blindado por un conflicto de intereses estructural, ya que está integrado por los dueños de clínicas, bancos, ARS y AFP, quienes utilizan su capacidad de veto para bloquear cualquier medida que beneficie a los usuarios.
Irregularidades en farmacias y retención de fondos de pensiones
Elías Báez también detalló irregularidades operativas en las farmacias, como la negativa a entregar copias de recetas cuando un medicamento no está disponible, obligando a los afiliados a pagar en efectivo para desviar liquidez hacia sus cajas. Además, se denunció la retención histórica de miles de millones de pesos en fondos de pensiones de trabajadores cesantes o fallecidos, que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) mantenían sin notificar a los familiares hasta que la presión institucional obligó a su fiscalización.
Un llamado a la transparencia y la justicia
Esta denuncia pone en evidencia la urgente necesidad de reformas estructurales en el sistema de salud de República Dominicana para garantizar la transparencia y proteger los derechos de los afiliados, evitando que los fondos públicos sean utilizados para enriquecer a unos pocos en lugar de brindar atención médica de calidad.
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