El estado de Nueva York ha fortalecido su lucha contra el robo de salarios con una medida sin precedentes incluida en el presupuesto 2026-2027, que otorga al Departamento de Trabajo estatal la potestad de clausurar negocios a empleadores que incumplan con el pago de salarios adeudados a sus trabajadores. Esta nueva facultad, aprobada por la gobernadora Kathy Hochul y los legisladores estatales, busca erradicar una práctica que afecta a miles de trabajadores, especialmente en sectores como restaurantes, construcción, servicios de salud en el hogar, limpieza y almacenes, donde el robo de salarios es más persistente.
La nueva legislación amplía significativamente las herramientas de fiscalización del Departamento de Trabajo, permitiéndole no solo imponer gravámenes sobre propiedades, sino también emitir órdenes para congelar y confiscar activos financieros de empleadores morosos. Sin embargo, la medida más contundente y disuasiva es la posibilidad de ordenar la suspensión de operaciones de los negocios que no cumplan con las decisiones judiciales relacionadas con el pago de salarios adeudados. Esto significa que, por primera vez, los empleadores que retienen salarios de manera deliberada podrían enfrentar el cierre temporal o definitivo de sus empresas.
La gobernadora Kathy Hochul ha dejado claro que esta medida es parte de su compromiso con la protección de los trabajadores neoyorquinos. «Desde que asumí el cargo, mi máxima prioridad ha sido mantener seguros a los neoyorquinos: en línea, en el lugar de trabajo y en el mercado de seguros. Los neoyorquinos nunca deberían tener que preocuparse por el destino de su dinero, ganado con tanto esfuerzo, ni de su información personal. Por eso estoy adoptando medidas adicionales para combatir el robo de salarios, mejorar la transparencia y devolver el dinero a los bolsillos de las familias», declaró Hochul durante la firma del presupuesto estatal.
Esta ofensiva contra el robo de salarios no es nueva en Nueva York. En 2023, la gobernadora Hochul promulgó la Ley de Responsabilidad por el Robo de Salarios, que convertía ciertas formas de robo salarial en un delito penal, permitiendo a los fiscales perseguir sanciones criminales más severas contra empleadores que retienen salarios de manera intencional. Además, en 2026, se creó un programa de subvenciones de 5 millones de dólares, administrado por el Departamento de Trabajo, para apoyar a los fiscales de distrito en la apertura de nuevas investigaciones penales.
El robo de salarios es un problema endémico en Nueva York, especialmente en la Gran Manzana, donde se concentra una gran parte del empleo en industrias de bajos salarios y alta rotación laboral. Las formas más comunes de esta práctica incluyen horas extras no pagadas, trabajo fuera del reloj, propinas retenidas o descuentos ilegales. Hasta ahora, aunque los trabajadores y las autoridades podían obtener sentencias favorables por salarios impagos, el dinero rara vez llegaba a manos de los empleados debido a la falta de mecanismos efectivos de cobro.
El nuevo presupuesto busca cerrar esa brecha entre ganar un caso y cobrarlo. Según datos del Departamento de Trabajo, en 2025, Nueva York recuperó más de 35 millones de dólares en salarios perdidos y cobró 2.2 millones en sanciones relacionadas con el robo de salarios, la cifra anual más alta desde 2015. Desde 2021, el estado ha devuelto más de 130 millones de dólares a cerca de 125,000 trabajadores, lo que demuestra el impacto de las medidas implementadas y la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de protección.
La estrategia de cumplimiento del Departamento de Trabajo ahora incluye mediaciones, citaciones y nuevos mecanismos de cobro, además de las nuevas facultades de clausura. Esto representa un cambio de paradigma en la lucha contra el robo de salarios, ya que no solo aumenta las consecuencias penales, sino que también impide que los empleadores morosos continúen operando o escondiendo activos mientras ignoran las decisiones de pago.
Para los trabajadores inmigrantes y de bajos ingresos, que son los más afectados por esta práctica, la nueva legislación podría redefinir una frustración común: ganar un caso y quedarse sin cobrar. Con estas medidas, Nueva York envía un mensaje claro: el robo de salarios no será tolerado, y los empleadores que violen los derechos laborales enfrentarán consecuencias severas, incluyendo la pérdida de su negocio.
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