Decenas de manifestantes se plantaron en el Capitolio para exigir a los legisladores que den luz verde a la iniciativa «Nueva York para todos», que prohibiría que agencias del orden como la policía colaboren con inmigración y compartan información y datos de personas sin papeles involucradas en infracciones menores.
Por muchos años Nueva York se ha convertido en hogar de cientos de miles de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados. Y a pesar de que el Estado y la Gran Manzana se han negado a colaborar con autoridades de inmigración promoviendo protecciones “Santuario”, con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina y el temor de que resurja una ola antiinmigrante que amenace la estabilidad de familias mixtas o individuos sin papeles, diferentes organizaciones y líderes instan a Albany a que apruebe la llamada legislación “Nueva York para todos”.
Ese fue el clamor que este martes manifestaron desde el Capitolio estatal decenas de inmigrantes, activistas, organizadores comunitarios y políticos neoyorquinos, quienes pidieron a la Legislatura que antes de culminar la actual sesión den luz verde a la pieza de ley que daría vigencias normativas a protecciones para personas indocumentadas, al prohibir que todas las agencias policiales y estatales locales cooperen con ‘La Migra’”‘ y la Patrulla Fronteriza y Aduanas (CBP).
Desde las escalinatas de la sede legislativa, los defensores de la iniciativa recalcaron que durante años las comunidades de inmigrantes de Nueva York “han sido atacadas y aterrorizadas” por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), viviendo momentos de angustia e incertidumbre, como pasó entre 2016 y 2018, cuando la tasa de detenciones a personas sin papeles en la ciudad de Nueva York aumentó en 53%, superando el aumento de la tasa a nivel nacional de 44%.
“Todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio o del tiempo que lleven en nuestro estado, quieren sentirse seguros, participar en sus comunidades, mantener a sus familias y acceder a atención médica sin intimidación”, manifestó Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), insistiendo en que urge que los senadores y asambleístas den luz verde a protecciones que garanticen que “la migra” se va a mantener a raya, al menos asegurando por ley que las fuerzas policiales y del orden no se convertirán en aliados para hacer labores de agentes de inmigración.
“La Ley Nueva York para todos ofrece protecciones civiles históricas que ayudan a que esto sea posible. En cualquier momento y sin motivo alguno, los neoyorquinos no ciudadanos pueden ser separados de sus familias y detenidos por algo tan simple como una infracción de tránsito o por llamar al 911 en caso de emergencia. Debemos eliminar el papel de nuestro Estado en el fallido sistema de inmigración aprobando Nueva York para todos antes de que cierre esta sesión legislativa“, dijo el activista.
La asambleísta Karines Reyes, presidenta del Grupo de Trabajo Puertorriqueño/Hispano de la Asamblea y el Senado del Estado de Nueva York, y promotora de la iniciativa a favor de las comunidades inmigrantes, denunció que a pesar de que Nueva York es un estado Santuario, durante mucho, ICE ha trabajado con las fuerzas del orden para escudriñar en las comunidades, afectando a cientos de neoyorquinos sin documentos.
“Debemos aprobar la Ley Nueva York para todos para evitar que ICE utilice nuestros recursos locales para poner a personas bajo su custodia injustamente, separar familias y deportar a otros neoyorquinos“, dijo la política latina. “Nuestras comunidades de color están excesivamente vigiladas y perfiladas racialmente para seguir teniendo una agencia federal depredadora merodeando las calles”.
El senador estatal Andrew Gounardes, copatrocinador de la normativa de ley impulsada en Albany, hizo un llamado urgente a sus colegas para que den vía libre a la legislación, a fin de ser más justos con los inmigrantes y garantizar una verdadera seguridad pública, sacando a ICE del mapa de trabajo mancomunado con autoridades locales.
“Al prohibir que las autoridades locales conspiren con ICE y la Patrulla Fronteriza, permitimos que los padres asistan a conferencias de padres y maestros, vayan al supermercado o visiten hospitales públicos sin preocuparse de que su familia se vea destrozada por la deportación”, dijo el senador, temiendo que Donald Trump regrese al poder. “Hay mucho en juego : Donald Trump ha anunciado propuestas extremistas para llevar a cabo redadas radicales y encargar a la policía local la detención de inmigrantes a gran escala si es reelegido a la presidencia. Es hora de proteger nuestras comunidades y construir una Nueva York que una a las familias en lugar de dividirlas”.
Linda Flor Brito, organizadora principal de políticas y campañas del Proyecto de Defensa de Inmigrantes, criticó al Estado de Nueva York por no ofrecer verdaderas protecciones de ley para evitar que la policía colabore con “la migra”, y pidió acelerar el paso para aprobar la normativa.
“El Estado de Nueva York está muy retrasado en la aprobación de una legislación que proteja a nuestras comunidades de inmigrantes de la cruel agenda de ICE. Miles de neoyorquinos enfrentan un riesgo inminente de ser separados de sus familias y canalizados hacia la máquina de deportación a través de nuestras leyes de enredo existentes que permiten la colusión entre ICE y las autoridades locales”, aseguró la defensora.
“Debemos poner fin a este grave uso indebido de los recursos de nuestro estado y, en cambio, priorizar soluciones comunitarias que realmente mantendrán seguras a nuestras comunidades. La Ley Nueva York para todos crea protecciones fundamentales que fortalecen a todas nuestras comunidades y protege a los trabajadores, las familias, los sobrevivientes de la violencia y a todas las comunidades de inmigrantes, especialmente las comunidades de inmigrantes negros y latinos que se ven afectadas de manera desproporcionada”, agregó.
Los manifestantes concluyeron que debido al panorama político que se vislumbra, si no se aprueba la ley Nueva York para todos, miles de indocumentados estarán en riesgo y familias unidas podrían ser separadas.
Por Edwin Martínez